or: Eugenio Trujillo Villegas

Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción

Este 2 de octubre se cumplieron cuatro años del más grande fraude de la historia de Colombia. Eso fue el robo del Plebiscito del 2 de octubre de 2016, convocado por el gobierno del Presidente Santos para legitimar el espurio, ilegal e inconstitucional Acuerdo con las FARC.

En los días previos al Plebiscito, el Gobierno desató una campaña publicitaria sin precedentes, utilizando recursos millonarios del Estado para inducir a los colombianos a votar por el SÍ. Por el contrario, a los opositores del Acuerdo no se les concedió ningún auxilio estatal, ni tuvieron acceso a los medios de comunicación, que les cerraron las puertas acatando una orden presidencial para no publicar nada a favor del NO, y también les prohibió hacer descuentos a su costosa publicidad.

El Presidente Santos y sus negociadores, Humberto de la Calle, Frank Pearl, Sergio Jaramillo, y los generales Jorge Mora y Oscar Naranjo, que se encargaron de aplacar el descontento dentro de las Fuerzas Armadas, acudieron a todos los engaños imaginables para convencer a Colombia para que votara por el SÍ. Y por supuesto, a todas estas mentiras se sumaron las de los negociadores de las FARC, que inclusive durante el falso proceso de paz no cesaron la lucha armada, y después de firmado el Acuerdo la incrementaron, al igual que todos sus crímenes y negocios de narcotráfico.

Todos a una, con el apoyo de la izquierda mundial, de la ONU, del entonces presidente Obama, de la Unión Europea, de la Conferencia Episcopal, y hasta del Papa Francisco, acusaron de enemigos de la paz y del progreso de Colombia a los que se oponían al Acuerdo. Santos y su máquina de propaganda vociferaban contra los partidarios del NO, acusándonos de mentir cuando denunciábamos que el Acuerdo proclamaba la más absoluta impunidad para las FARC, que éstas no cesarían la lucha armada porque no entregarían todas las armas, que seguirían matando y secuestrando, que legitimaba su fortuna ilegal y sus negocios de narcotráfico, que les darían curules en el Congreso de la República sin haber sido elegidos, que jamás las FARC dirían la verdad, que no habría justicia y mucho menos reparación.

Sin embargo, a pesar de todo ganó el NO. Y pasados estos cuatro años ya está perfectamente claro quiénes eran los mentirosos. Los guerrilleros ahora amenazan al País desde sus curules en el Congreso de la República; los frentes de guerra de las FARC se multiplican por todo el País y su acción terrorista es cada vez mayor; los cultivos de coca de esa guerrilla se multiplicaron por cinco y ahora son protegidos por la Corte Constitucional y por el Gobierno; y la acción impune de las milicias urbanas, ahora denominada “protesta social”, es la más elocuente manifestación del terrorismo urbano. Es el viejo plan de las FARC de trasladarse desde el fondo de las selvas al corazón de las ciudades, utilizando todas las formas de lucha.

Una justicia para absolver bandidos

Otro de los engendros monstruosos del Acuerdo es la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). Después de dos años de funcionamiento este tribunal de impunidad no ha dictado una sola sentencia absolviendo o condenando a los guerrilleros falsamente pacificados, responsables de una inmensidad de crímenes. La JEP se dedica a escuchar en sus audiencias todas las mentiras de estos terroristas, que ahora declaran con cinismo que nunca reclutaron niños para la guerra, que nunca los violaron, que tampoco secuestraron ni mataron a nadie, y que jamás cometieron ningún delito. Y, para horror de la Historia, que alguna vez proclamará la verdad que todos conocemos, estos togados que fueron nombrados por las FARC en sus cargos, se limitan a llenar expedientes con esas mentiras, en una farsa que es una burla irracional del sentido común y de la dignidad de la justicia.

Pero toda esta locura no lo es todo. A pesar de las urgentes necesidades económicas insatisfechas, la Nación quedó obligada por el Acuerdo a destinar 40 mil millones de dólares del presupuesto de los próximos 10 años, para financiar la ejecución de un conjunto de reformas que nos llevarán indeclinablemente hacia la destrucción. Lo cual ya se está implementando, y no es otra cosa que la sovietización del País, la destrucción de todas las fuentes de progreso, la eliminación paulatina de la propiedad privada, y la imposición de una reforma agraria disfrazada que arrasará con el desarrollo agropecuario. La suma de todas estas atrocidades conducirá a Colombia hacia la miseria socialista que ya impera en Cuba y en Venezuela. Este es el modelo a seguir, que fue impuesto por las FARC, avalado por los gobiernos de Castro y Maduro y acatado sumisamente por Santos y los traidores negociadores colombianos ya mencionados.

En realidad, lo pactado en Cuba no fue una negociación legítima. Fue un sometimiento y una entrega premeditada de la nación colombiana a sus peores enemigos. La ufanía inicial de los negociadores, aumentada por el Nobel de Paz comprado por el artífice de la debacle, se viene convirtiendo en repudio y vergüenza, que seguirán creciendo, al conocerse las perversas consecuencias del Acuerdo.

Hay que salvar a Colombia

Sin embargo, a pesar de la magnitud de la catástrofe, aun es tiempo de salvar el País. Aunque el Gobierno actual no parece darse cuenta de la tragedia en que estamos, ya es hora de que los colombianos digamos: ¡Basta! Es necesario que despertemos a tiempo para evitar males peores, y exijamos que se declare nulo el Acuerdo, pues el Plebiscito de hace cuatro años lo rechazó por mayoría.

El ex Presidente Santos, el Congreso de la República y la Corte Constitucional prevaricaron al darle validez jurídica al Acuerdo que fue rechazado en el Plebiscito, con el agravante de que en forma ilegítima lo convirtieron en norma constitucional, con la aceptación de los principales líderes del NO. Mientras el País dormía con indolencia, el Gobierno compraba y sobornaba conciencias por medio de una feria de contratos millonarios, con lo cual se robó el resultado. Así, magistrados de las Altas Cortes, congresistas, políticos y empresarios, acompañados por la totalidad de los medios de comunicación, aplaudían frenéticamente al Gobierno mientras nos imponía un resultado opuesto al obtenido en las urnas.

Las consecuencias del Acuerdo fueron denunciadas muchas veces por la Sociedad Colombiana Tradición y Acción, pero no fueron escuchadas. Es de esperar que Colombia se despierte, y comience a exigir que sea desmontado este engendro que nos conduce a la destrucción. Y que los promotores de esta tragedia sean apartados de los cargos públicos que hoy ocupan, pues muchos de ellos ahora son ministros, embajadores y altos funcionarios del actual gobierno.

Octubre 2 de 2020 – trujillo.eugenio@gmail.com

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